El clima de tensión en Cusco vuelve a intensificarse a pocas horas de que concluya la tregua de 72 horas que permitió reabrir parcialmente el acceso a Machu Picchu tras bloqueos y protestas que habían dejado a cientos de visitantes varados en la región. La falta de consensos entre autoridades, empresas y comunidades campesinas genera preocupación en el sector turístico, que teme un nuevo colapso si no se alcanza una solución definitiva.
La mesa de trabajo técnica, instalada este viernes, tuvo que suspenderse por la ausencia de la Municipalidad Provincial de Urubamba, lo que retrasó el diálogo. Mientras tanto, hoteles, agencias de viajes, restaurantes y guías turísticos aguardan con incertidumbre, conscientes de que cada día de bloqueo implica pérdidas económicas, cancelaciones de reservas y un impacto directo en el empleo en el Valle Sagrado.
“Es apenas la punta del iceberg”
El gobernador regional Werner Salcedo advirtió que la crisis desatada por la disputa en la ruta Hiram Bingham es solo una parte de un problema mayor. Recordó que informes de la Contraloría ya habían alertado sobre deficiencias estructurales en la gestión del santuario: sobrecarga de visitantes, ausencia de digitalización completa en la venta de boletos, filas extensas en los accesos y falta de una administración moderna que garantice la preservación de la ciudadela inca.
“El alcalde distrital de Machu Picchu ha indicado que Consettur está dispuesto a dialogar en Lima, mientras que San Antonio de Torontoy prefiere una reunión en Cusco. Hemos decidido esperar hasta mañana para definir si es posible una solución. Pero este tema es apenas la punta del iceberg”, señaló Salcedo.
La próxima sesión de la Unidad de Gestión de Machu Picchu se realizará en Cusco e incluirá la participación del presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, la Contraloría, el Poder Judicial y la Fiscalía. Según el gobernador, solo con esta intervención de alto nivel será posible abordar una problemática que arrastra tres décadas de vacíos y conflictos.
Un conflicto que nació con el cambio de concesión
El origen de la disputa se remonta al 4 de septiembre, cuando venció el contrato de 30 años que mantenía Consettur sobre la ruta que conecta Aguas Calientes con el santuario. La Municipalidad de Urubamba adjudicó temporalmente el servicio a San Antonio de Torontoy, empresa integrada por comunidades campesinas, lo que detonó la resistencia de sectores vinculados a la antigua concesionaria.
El inicio del servicio, el 12 de septiembre, estuvo marcado por sabotajes y denuncias de intentos de impedir el ingreso de los buses de la nueva operadora, pese a que contaban con permisos del Sernanp y PeruRail. La tensión derivó en bloqueos de la vía férrea, protestas y un clima de inestabilidad que afectó directamente a la llegada de turistas.
Las demandas de las comunidades
Las comunidades campesinas presentaron un pliego con cinco puntos principales:
- Respeto a la adjudicación del transporte a San Antonio de Torontoy.
- Reactivación inmediata de los servicios ferroviarios entre Ollantaytambo y Machu Picchu.
- Competencia abierta en el transporte en buses para evitar monopolios.
- Inclusión de la Defensoría del Pueblo como mediadora en las negociaciones.
- Retorno de la operatividad completa de los trenes de Inca Rail y PeruRail hacia Machupicchu Pueblo.
Turismo en riesgo
La finalización de la tregua coincide con un alto flujo de visitantes nacionales y extranjeros que habían planificado sus ingresos con anticipación. La posibilidad de nuevos bloqueos amenaza no solo la experiencia de los turistas, sino también la imagen internacional de Machu Picchu, considerado uno de los principales destinos del mundo.
El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de las autoridades y actores involucrados de alcanzar acuerdos que permitan mantener abierto el acceso al santuario y asegurar tanto su preservación histórica como la estabilidad económica de las comunidades que dependen del turismo.
