Una reciente resolución oficial encendió señales de alarma entre organizaciones ambientalistas y especialistas en conservación: la Administración de Parques Nacionales autorizó ampliar notablemente la superficie edificable dentro de áreas protegidas de la Patagonia, una medida que podría tener consecuencias directas sobre ecosistemas frágiles, la fauna silvestre y hasta el estatus internacional de algunos parques emblemáticos.
Se trata de la Resolución N.º 300/2025, publicada el pasado 1 de octubre, que modifica los límites permitidos para la construcción en lotes ubicados dentro de reservas nacionales. A partir de este cambio normativo, la capacidad constructiva prácticamente se duplicó en varios sectores.
Hasta ahora, en un lote de 100 hectáreas se podían construir 2.400 metros cuadrados como máximo; la nueva norma permite alcanzar 5.500 metros cuadrados. La superficie total edificable también se incrementó de 3.900 a 8.900 metros cuadrados, más del doble.
Este aumento se traduce en un fuerte crecimiento potencial del número de viviendas y edificaciones. En el Parque Nacional Lanín, el cupo de construcciones pasó de 964 a 1.737 unidades, mientras que en Nahuel Huapi el salto es aún mayor: de 1.658 a 2.944.
Preocupación por el impacto ambiental
Las advertencias llegaron desde la Sociedad Naturalista Andino Patagónica, la Fundación Patagonia Natural y la Fundación Azara, que remarcaron que la resolución “habilita y promueve la densificación de las construcciones y la ocupación humana en áreas de alto valor ambiental”.
Según los especialistas, mayores concentraciones de viviendas implicarán más caminos, cercos, servicios, tránsito, mascotas y presencia constante de personas, factores que alteran de manera directa la tranquilidad de las reservas y afectan la biodiversidad. Entre los impactos más graves mencionados figuran:
- Fragmentación de ecosistemas por la apertura de accesos y alambrados.
- Aumento de la demanda de agua y servicios básicos.
- Mayores cargas de efluentes y residuos.
- Desmonte y degradación del suelo circundante a las construcciones.
- Incremento del riesgo de incendios forestales.
- Perturbación de la fauna por ruidos, tránsito y mascotas.
Los expertos señalaron que, si antes la construcción era esporádica, ahora podrían empezar a observarse verdaderos núcleos habitacionales en zonas que originalmente estaban destinadas a la conservación.
Falta de evaluación ambiental
Otro punto crítico es que la resolución se aprobó sin una Evaluación Ambiental Estratégica previa, un estudio integral que debería haberse realizado dada la magnitud del cambio. Las organizaciones subrayan que analizar proyecto por proyecto no alcanza para medir el impacto acumulativo que provocará la expansión edilicia en todo el sistema de parques.
En su comunicado afirmaron:
“Las evaluaciones de impacto individuales no dan cuenta del efecto agregado de este cambio normativo. Nada de eso se realizó antes de la aprobación de la Resolución 300/2025”.
Riesgo para el estatus de Patrimonio Mundial
La preocupación se agrava porque dos parques afectados —Los Glaciares y Los Alerces— cuentan con la categoría de Patrimonio Mundial Natural otorgada por la UNESCO. Según las fundaciones, los cambios regulatorios debían ser informados obligatoriamente al organismo internacional, algo que no habría ocurrido. El incumplimiento podría poner en riesgo ese reconocimiento clave para la protección y proyección internacional de estos territorios.
Un posible conflicto con la ley
Además, recuerdan que la Ley de Parques Nacionales establece que la promoción de asentamientos humanos solo es válida si resulta compatible con los fines de conservación. Por eso, alertan que esta ampliación masiva de construcciones podría entrar en contradicción directa con la normativa vigente, así como con la Ley General del Ambiente, que exige prevenir y minimizar impactos sobre la naturaleza.
Pedido de anulación
Las organizaciones firmantes solicitaron formalmente que la resolución sea dejada sin efecto, al considerar que “genera un riesgo permanente para la conservación de las áreas protegidas” y representa un precedente negativo para la gestión ambiental en Argentina.
El debate ya está abierto: mientras algunos sectores celebran mayores oportunidades de desarrollo inmobiliario, desde el ambientalismo advierten que el costo podría ser demasiado alto, afectando para siempre algunos de los paisajes naturales más emblemáticos del país.
