Escala la tensión en Cusco: comunidades amenazan con tomar Machu Picchu por los retrasos del aeropuerto de Chinchero

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La demora en la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero desató una nueva crisis social y política en Cusco. Comunidades campesinas y organizaciones civiles advirtieron que podrían tomar Machu Picchu como medida de protesta si el Gobierno peruano no brinda respuestas concretas frente al retraso de la obra, que hoy apenas alcanza un 25 % de avance global, según reconoció oficialmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La amenaza se conoció tras una sesión descentralizada de la Comisión de Transportes del Congreso, en la que se informó que la inauguración del aeropuerto, clave para la conectividad turística de la región, se proyecta recién para la primera mitad de 2028. La noticia profundizó el malestar local, que viene acumulándose desde hace años ante sucesivas postergaciones sin fechas claras de conclusión.

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El clima de indignación se agravó por la ausencia de los ministros de Transportes, Vivienda y Cultura, así como de los cinco congresistas representantes de Cusco, durante la audiencia. Para las autoridades locales, esta situación fue leída como una señal de desinterés del Ejecutivo. El alcalde de Chinchero, Alcides Cusihuamán, calificó la inasistencia como un “desaire” hacia la población: “Consideramos que es una falta de respeto que no hayan venido los ministros ni nuestros congresistas. Esto genera un profundo malestar en la ciudadanía”, expresó.

Desde las comunidades, el tono fue todavía más duro. Héctor Cusicuni, presidente de la comunidad de Yanacona, sostuvo que están “cansados de las ‘mecidas’ y de recibir funcionarios sin poder de decisión”, y denunció que la falta de avances demuestra desinterés o la existencia de “otros intereses” detrás de la paralización de la obra.

Los datos técnicos presentados durante la sesión reforzaron las críticas. El reporte del MTC, elaborado junto con la PMO coreana, indicó que mientras el cerco perimétrico registra cerca del 80 % de progreso, el terminal de pasajeros solo alcanza el 38 %, porcentaje que debería estar en casi el 50 % en esta etapa. Esto deja un retraso superior a los diez puntos porcentuales respecto al cronograma original.

La situación es aún más preocupante en otros componentes clave de la infraestructura aeroportuaria. La torre de control, el lado aire y el lado tierra —que incluyen edificios complementarios, vías de acceso y estacionamientos— se encuentran todavía en fase de diseño y sin procesos de licitación iniciados. Según el propio MTC, la construcción de estas áreas no comenzaría antes de abril de 2026, lo que implicaría nuevos atrasos en el proyecto.

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Sobre la siguiente etapa, el gerente regional de Desarrollo Económico, Juan Carlos Galdos, explicó que próximamente se lanzarían las licitaciones para la torre de control y la pista de aterrizaje. De acuerdo con el cronograma oficial, el contrato para la torre de control se firmaría en el primer trimestre de 2026, mientras que el de la pista se concretaría en el segundo trimestre del mismo año. Sin embargo, estas previsiones no logran disipar el escepticismo de la población.

Durante el debate parlamentario, el legislador Héctor Acuña cuestionó la real dimensión del avance del aeropuerto. Aseguró que menos del 50 % de la obra está en ejecución y que más del 51 % se encuentra prácticamente paralizado como consecuencia de una adenda firmada entre el MTC y la empresa contratista, que redujo la cantidad de trabajos originalmente previstos. Acuña advirtió que, de mantenerse la situación actual, el aeropuerto podría no estar listo siquiera para 2030.

Frente a este escenario, las comunidades campesinas y organizaciones civiles reiteraron que están dispuestas a adoptar medidas de fuerza, incluida la ocupación de Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos del mundo, como forma de presión para exigir un cronograma oficial claro y una mayor presencia y capacidad de gestión del Ejecutivo en la región.

La amenaza de una protesta en la ciudadela inca vuelve a encender las alarmas, tanto por el impacto social como por las consecuencias económicas y turísticas que podría generar una eventual toma, mientras el proyecto aeroportuario continúa acumulando retrasos y promesas incumplidas.

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