Tres hombres acusados de caza furtiva dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi deberán pagar 6 millones de pesos y cumplir una serie de reglas de conducta durante un año para evitar una condena penal. Así lo resolvió la Justicia federal de Neuquén, que confirmó la suspensión de juicio a prueba por el delito de matanza y faena ilegal de un guanaco, una especie protegida.
El acuerdo fue homologado el 30 de diciembre por el juez de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, y se conoció públicamente en las últimas horas. Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados admitieron su responsabilidad en el delito tipificado en la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna.
El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2025, cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén alertó a las autoridades del parque tras observar a varias personas faenando guanacos en cercanías de la Ruta Provincial Nº63, a la altura del paraje El Chenque, dentro de la jurisdicción protegida.
La intervención de guardaparques y personal policial permitió localizar una camioneta Chevrolet S10 negra con tres hombres a bordo y restos recientes del animal. Durante el operativo se incautaron cortes de carne fresca, dos lomos, dos paletas con cuero, cuchillos y una vaina servida calibre .223. El arma utilizada no fue hallada en ese momento, ya que una cuarta persona habría escapado antes del arribo de las autoridades. El vehículo quedó secuestrado por orden judicial.
Como parte del acuerdo, cada imputado deberá donar 2 millones de pesos —en total 6 millones— a la Fundación Civil Ñacurutú, una organización dedicada a la protección y rescate de fauna silvestre en distintas localidades de Neuquén. El pago se realizará en tres cuotas consecutivas, y la cancelación de la primera habilitará la devolución de la camioneta a uno de los acusados.
Además de la sanción económica, los hombres deberán cumplir un año de reglas de conducta, que incluyen la inhabilitación para adquirir y portar armas de fuego, la entrega de permisos de caza y la realización obligatoria de un curso de concientización sobre caza ilegal, con certificación final.
La investigación también reveló que uno de los imputados entregó voluntariamente el rifle utilizado, el cual fue enviado al Registro Nacional de Armas para su destrucción. El acuerdo tendrá vigencia por 12 meses y, si se cumplen todas las condiciones, el juez podrá dictar el sobreseimiento, evitando así antecedentes penales.
El caso vuelve a poner en foco la caza ilegal en áreas protegidas y el rol de la Justicia en la defensa de la fauna silvestre, en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas patagónicos.
