Jamaica, uno de los destinos más deseados del Caribe por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, atraviesa una crisis silenciosa: gran parte de su población local ya no puede acceder libremente al mar. El avance de resorts de lujo y desarrollos inmobiliarios privados está cerrando históricas zonas costeras y poniendo en riesgo formas de vida, tradiciones y cultura que podrían desaparecer en pocas décadas.
Escenas que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana —pescadores botando sus barcos, niños jugando en la arena, familias reunidas junto al mar— hoy quedaron detrás de muros de cemento. Playas como Mammee Bay, en la costa norte, fueron vendidas a promotores privados y convertidas en complejos turísticos exclusivos, dejando a comunidades enteras sin acceso a los espacios que siempre consideraron propios.
El fenómeno no es aislado. De los 1.022 kilómetros de costa que tiene Jamaica, apenas el 0,6% es público y de libre acceso para los residentes. Mientras el país recibió en 2024 un récord de 4,3 millones de turistas, sus habitantes ven cómo el mar se vuelve un privilegio pago o directamente inaccesible. En muchos casos, para bañarse en su propio país deben abonar una entrada o consumir en restaurantes de hoteles privados.
La raíz del conflicto se remonta a la Ley de Control de Playas de 1956, una normativa heredada de la época colonial británica que establece que el litoral pertenece al Estado y que no existe un derecho público garantizado de acceso a las playas. Esta legislación sigue habilitando al gobierno a transferir tramos costeros a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras.
En los últimos cinco años, la expansión del turismo “todo incluido” aceleró el proceso. Cadenas hoteleras internacionales adquirieron grandes extensiones del litoral, mientras nuevos proyectos prometen sumar 10.000 habitaciones para 2030, casi todas ubicadas sobre la costa. Aunque el turismo genera ingresos millonarios, solo el 40% del dinero queda en Jamaica, lo que profundiza la desigualdad entre el negocio turístico y las comunidades locales.
El impacto va más allá del acceso recreativo. Pescadores artesanales denuncian que ya no pueden atracar ni trabajar en zonas que usaron durante generaciones. Comunidades rastafaris, comerciantes y guías locales advierten que el cierre de playas implica la pérdida de medios de subsistencia y la ruptura del vínculo cultural con la naturaleza.
Frente a este escenario, creció la resistencia social. Desde 2021, organizaciones ciudadanas impulsan demandas judiciales para garantizar el acceso público al litoral. Actualmente hay al menos cinco casos en curso contra desarrollos turísticos que buscan privatizar playas emblemáticas. El reclamo central es la derogación de la ley vigente y el reconocimiento del mar como un bien común.
Mientras tanto, la postal es cada vez más contrastante: turistas disfrutan de playas exclusivas, aislados de la vida local, y los jamaiquinos observan desde afuera los mismos paisajes que definen la identidad del país. En palabras de activistas y abogados, el problema ya no es solo ambiental o legal, sino una amenaza directa a la continuidad de comunidades enteras.
El debate sigue abierto. Para muchos en Jamaica, la pregunta es tan simple como urgente: ¿cómo puede una isla vivir de sus playas si su gente ya no puede pisarlas?
