Chile acaba de marcar un hito ambiental histórico: tras la firma de un nuevo decreto por parte del presidente Gabriel Boric, el país superó el 50% de protección de su Zona Económica Exclusiva y se convirtió en el tercer país del mundo con mayor superficie de océano protegido.
La medida amplía los parques marinos Nazca–Desventuradas y Mar de Juan Fernández, dos de las zonas oceánicas más valiosas y biodiversas del Pacífico Sur, y suma cientos de miles de kilómetros cuadrados bajo protección estricta. Con esta decisión, Chile refuerza su lugar como una de las potencias globales en conservación marina y vuelve a posicionarse como referente internacional en políticas ambientales de gran escala.
El decreto firmado por Boric representa uno de los avances más importantes en materia de protección oceánica de los últimos años en América Latina. Gracias a esta expansión, el país eleva de forma drástica la superficie de mar resguardada, consolidando un sistema de áreas marinas protegidas de dimensiones extraordinarias.
En total, la ampliación incorpora cerca de 330.000 kilómetros cuadrados de océano bajo protección estricta, lo que lleva el total protegido a más de 923.000 kilómetros cuadrados. En otras estimaciones difundidas junto al anuncio, la cifra asciende incluso a 947.142 kilómetros cuadrados, lo que refleja la magnitud del salto y el impacto global de la decisión.
Más allá de la cifra exacta, el dato central es contundente: Chile ya protege más de la mitad de su océano, un logro que muy pocos países en el mundo pueden mostrar y que lo coloca en el podio de la conservación marina a nivel planetario.
La decisión tiene además un peso simbólico y geopolítico muy fuerte. En momentos en que el planeta enfrenta una presión creciente sobre los ecosistemas marinos por la sobrepesca, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, Chile se adelanta a una de las metas internacionales más importantes de esta década: el compromiso 30×30, que propone proteger al menos el 30% del océano mundial para 2030. En el caso chileno, ese objetivo ya fue ampliamente superado.
Los parques marinos que se expanden rodean los remotos archipiélagos de Juan Fernández y Desventuradas, territorios insulares aislados en medio del Pacífico que forman parte de una cadena de montes submarinos reconocida por su extraordinaria riqueza ecológica. Estas aguas son consideradas un verdadero tesoro biológico por la enorme concentración de especies endémicas y migratorias que albergan.
Allí habitan especies únicas como el lobo fino de Juan Fernández y la emblemática langosta de Juan Fernández, un recurso históricamente ligado a la vida y economía local. También transitan por estas aguas ballenas, tiburones, tortugas marinas y aves oceánicas, lo que convierte a la zona en uno de los corredores marinos más valiosos del hemisferio sur.
Uno de los aspectos más destacados de este anuncio es que la iniciativa no nació exclusivamente desde el gobierno, sino que fue impulsada con fuerza por la propia comunidad de Juan Fernández. Durante generaciones, los habitantes del archipiélago —especialmente los pescadores artesanales— han desarrollado una relación íntima con el mar y un manejo históricamente sostenible de sus recursos, en especial de la pesquería de langosta.
De hecho, fue la propia comunidad la que presentó formalmente la propuesta de ampliación para garantizar la protección permanente de los ecosistemas marinos que sostienen su cultura, su identidad y su economía. Esa dimensión local le da a este hito un valor adicional: no se trata solo de una política de conservación, sino también de una decisión construida desde el territorio y respaldada por quienes viven del océano.
Desde distintos sectores, la medida fue celebrada como una victoria de la ciencia, la participación comunitaria y la visión a largo plazo. También fue leída como la continuidad de un proceso de Estado que atravesó distintos gobiernos y que hoy alcanza uno de sus momentos más significativos.
Además de su impacto nacional, la decisión fortalece la posición de Chile en el debate global sobre la gobernanza oceánica. El país viene empujando propuestas internacionales para crear nuevas áreas marinas protegidas en alta mar y este anuncio aparece como una señal concreta de coherencia entre su discurso diplomático y sus acciones internas.
La expansión, sin embargo, no marca un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa. Ahora se abre el desafío de la implementación, con nuevos planes de manejo, monitoreo científico y mecanismos de coadministración entre el Estado y la comunidad local, para asegurar que esta enorme superficie protegida no quede solo en el papel.
En un mundo donde los océanos están cada vez más amenazados, el mensaje que deja Chile es poderoso: proteger grandes extensiones marinas sí es posible cuando existe voluntad política, respaldo científico y liderazgo de las comunidades.
Con esta decisión, el país no solo sumó kilómetros al mapa de la conservación. También dejó una señal clara al resto del planeta: el futuro del océano puede empezar a cambiar cuando una nación decide cuidarlo de verdad.
