El calentamiento global sigue siendo la prioridad en la agenda de un montón de actores sociales, entre ellos, organizaciones ambientalistas que, en este caso, reclaman restringir los vuelos empresariales innecesarios y realizar reuniones remotas.
La restricción y limitación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte aéreo es uno de los grandes retos de este mundo contemporáneo. Los aviones, a diferencia de otros medios de transporte como el tren que logró electrificarse, representan una porción importante de los gases de efecto invernadero que se vuelcan a la atmósfera.
Según una estimación de la Agencia Europea de Medio Ambiente el 3% del dióxido de carbono que contribuye al calentamiento del planeta proviene de la combustión del combustible en los motores de los aeroplanos, que además emiten otras sustancias perjudiciales para el clima como el metano o el ozono (este último es liberado en otros niveles de la capa atmosférica constituyendo un prejuicio al ambiente). Ese porcentaje podría ascender hasta el 5,8%, según los datos manejados por la Comisión Europea, y del 8%, según colectivos ecologistas.
Reducir ese porcentaje a cero es una tarea complicada y sin apenas explorar. Francia, por ejemplo, plantea prohibir los vuelos en distancias cortas para llevar los viajes a otras modalidades de transporte menos nocivas, como el tren. Las organizaciones sociales, por su parte, ponen el foco en el sector empresarial y su papel para rebajar la huella de carbono de la aviación comercial: los viajes de negocios. El peso ambiental de este tipo de trayectos representa, según los datos de Transport&Environment (T&E), en torno al 30% del CO2 que los aviones emiten a la atmósfera en Europa.
«Los vuelos de negocios representan un porcentaje muy interesante del total de vuelos que se producen. A diferencia de los viajes de ocio, que se sitúan en un ámbito mucho más subjetivo y difícil de regular, este tipo de vuelos tienen un potencial muy amplio en cuanto a limitación y reducción», declaró Pablo Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción.
En paralelo a la actividad de los parlamentos y a las presiones de la sociedad civil, las empresas trabajan y crean sus propias hojas de ruta para reducir el impacto ambiental de sus actividades. Por ejemplo, en la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) 400 entidades bancarias firmaron un acuerdo para reducir sus emisiones a mediados de siglo y movilizar 112 billones de dólares a la descarbonización de sus inversiones. Otras compañías trabajan para implementar paulatinamente energías renovables en sus plantas y rebajar el CO2 de sus ciclos de producción. Sin embargo, todos estas promesas –que además no son vinculantes– tienden a olvidar el impacto del transporte en las cadenas de valor.
