El Desierto de Atacama atraviesa una emergencia ambiental sin precedentes por la acumulación masiva de ropa usada importada, un fenómeno que expuso las falencias de la industria textil global, la falta de controles estatales y los límites de los sistemas de reciclaje. A fines de 2025, un fallo histórico del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta responsabilizó al Estado chileno por los daños y lo obligó a avanzar en su reparación.
La imagen se repite en el norte de Chile: montañas de prendas, muchas nuevas y otras de segunda mano, abandonadas en pleno desierto. El puerto de Iquique se consolidó como el principal punto de ingreso, con un flujo estimado de 120.000 a 180.000 toneladas anuales. La baja carga impositiva convirtió al país en uno de los mayores importadores mundiales de indumentaria usada y a Atacama en el mayor basural textil de América Latina, un emblema del impacto de la moda rápida.
Organizaciones ambientalistas y entidades científicas alertaron sobre los riesgos de la acumulación y quema de estos residuos. La incineración de prendas sintéticas junto con plásticos genera compuestos químicos tóxicos de consecuencias imprevisibles, que degradan el suelo y liberan gases contaminantes en un ecosistema de extrema fragilidad. Colectivos locales y campañas internacionales sumaron testimonios de comunidades afectadas, señalando el deterioro ambiental y social.
El conflicto escaló a la Justicia cuando se acreditó la omisión estatal en la prevención y fiscalización de la disposición ilegal de residuos textiles en terrenos fiscales de Alto Hospicio. La sentencia ordenó un plan de reparación ambiental a diez años, con diagnóstico del daño, retiro y disposición segura de los residuos, restauración de suelos y paisaje, trazabilidad de los cargamentos y publicación de los costos reales del proceso. Aunque el Consejo de Defensa del Estado apeló el fallo, las organizaciones reclaman que las medidas avancen sin demoras.
El problema trasciende fronteras. En Argentina, la liberalización del ingreso de ropa usada disparó las importaciones, con camiones que cruzan semanalmente la frontera y precios muy por debajo de la indumentaria nueva. Cámaras empresarias y gremios advierten por la competencia desleal, la pérdida de empleo industrial y el riesgo de replicar un escenario ambiental similar si no hay controles y gestión adecuada de residuos.
El debate quedó instalado: producción, consumo y descarte de textiles bajo la lupa. Gobiernos, empresas y organizaciones enfrentan el desafío de implementar políticas integrales que aborden todo el ciclo de la ropa, desde su origen hasta su disposición final. Mientras la resolución definitiva sigue pendiente, en Atacama las montañas de prendas continúan creciendo y el reclamo por una solución efectiva se vuelve cada vez más urgente.
