El Gobierno argentino declaró este lunes como servicio esencial al transporte aéreo civil y comercial: a partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 825/2024, autoridades establecen los plazos que deberán tenerse en consideración para convocar a una medida de fuerza gremial por parte de actores claves en la industria aeronáutica. Asimismo, la declaración también admite que durante estas jornadas se deberá garantizar al menos el 50% de la prestación del servicio aéreo.
Se trata de una iniciativa que toma legitimidad en el marco de una serie de protestas que vienen afectando al desempeño de la actividad aérea en el país: en consecuencia, esta nueva medida tiene como objetivo garantizar la continuidad de las operaciones aeronáuticas civiles, consideradas esenciales para la economía y conectividad del país.
Declarada la actividad aerocomercial como servicio esencial, el Gobierno establece la necesidad de garantizar servicios mínimos durante la manifestaciones o huelgas de los diferentes actores gremiales con injerencia en el sector de la aviación.
Según la reglamentación, cualquier acción directa que impacte en las actividades aeronáuticas debe ser preavisada con al menos cinco días de antelación. Dentro de las 24 horas posteriores a esta notificación, las partes involucradas deben acordar los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto.
Este marco regulatorio atenta notablemente contra una de las principales medidas de fuerzas que utilizaban los sindicatos: la realización de largas asambleas, consideradas por el Gobierno y por los representantes del sector como “paros encubiertos”, ya que afectaban la funcionalidad de los servicios de manera casi sorpresiva y caótica para los usuarios de los diferentes servicios aéreos.
De esta manera, el decreto pone de manifiesto la importancia estratégica de la industria de la aviación en Argentina, especialmente para el transporte, el comercio regional e internacional y el desarrollo de las economías regionales. Las interrupciones en los servicios aeronáuticos civiles pueden generar consecuencias graves para el país, incluidas pérdidas económicas, interrupciones logísticas y preocupaciones de seguridad.
