Un video grabado en plena cacería, un freezer con restos de fauna silvestre y un expediente que estuvo a punto de prescribir. Así se fue armando una de las causas ambientales más sensibles de los últimos años en la Argentina: la que investiga la muerte de un yaguareté, especie protegida y en peligro crítico de extinción, ocurrida en diciembre de 2022 en la localidad formoseña de Clorinda. Esta semana, la Justicia Federal pidió la elevación a juicio del imputado, Carlos Chagra, mientras su defensa insiste en que todo el proceso se sostiene sobre una prueba “sin valor legal”.
La escena que desató la investigación se conoció a fines de 2022 y generó una ola de indignación en todo el país. En el registro audiovisual se escucha a un hombre relatar, con tono burlón, la persecución de un yaguareté macho. “Acá estamos tras uno grande, grande, grande… un macho muy grande”, dice la voz mientras la cámara sigue huellas frescas en el monte. Más adelante, el mismo hombre se jacta del resultado: “Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo y por fin lo pudimos matar acá, con los muchachos”. Aunque el momento exacto de la muerte no aparece en imágenes, el contenido del audio y el contexto fueron suficientes para encender las alarmas.
Tres años después, en septiembre de 2025, el Juzgado Federal N°1 de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán, procesó a Chagra por la presunta caza de un yaguareté, un delito contemplado en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, agravado por la actuación en grupo. Esta semana, el magistrado solicitó formalmente que la causa sea elevada a juicio oral.
En su resolución, el juez sostuvo que existen indicios suficientes para vincular al imputado con el hecho. Entre ellos, el allanamiento realizado en febrero de 2023 en su domicilio, donde se secuestraron tres armas de fuego, una gran cantidad de municiones, miras telescópicas, un visor nocturno y un hallazgo que resultó especialmente comprometedor: un cuero de puma guardado en un freezer. Además, se incautaron fotografías de animales silvestres cazados y una imagen en la que se observa la piel de un yaguareté.
La investigación se inició gracias a la denuncia presentada por Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Fundación Red Yaguareté, quien recibió el video, verificó su contenido y lo presentó primero ante la Policía Federal Argentina y luego ante la UFIMA, la unidad fiscal especializada en delitos ambientales. A partir de allí, el expediente fue creciendo con nuevas pruebas y peritajes.
Durante el proceso, Chagra negó de manera sistemática su participación. En su declaración indagatoria afirmó que “nunca mató un animal” y que siempre se dedicó a la pesca. Aseguró que las armas halladas habían sido compradas para una experiencia puntual en un coto de caza y que nunca volvió a utilizarlas. Sobre el cuero de puma, sostuvo que se trataba de una piel antigua perteneciente a su padre, fallecido en 2015. También afirmó que el video estaba editado y que él no se encontraba en el país al momento en que habría ocurrido la cacería.
Su abogado defensor, Rosalino Tanco, reforzó esa postura y cuestionó con dureza el expediente. Sostuvo que el video “carece de cadena de custodia”, que no hay testigos presenciales ni cuerpo del animal, y que el procesamiento “carece del más elemental rigor técnico jurídico”. Según la defensa, la causa se apoya en conjeturas y no en pruebas directas.
Desde el otro lado, la Administración de Parques Nacionales, querellante junto a la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa, rechazó esos argumentos. La abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales del organismo, explicó que antes de avanzar como querella se realizó un análisis exhaustivo del material audiovisual, que permitió identificar la especie y ubicar geográficamente la zona donde se filmó. También aclaró que la marca de agua incorporada por Red Yaguareté no invalida la prueba y que el expediente cuenta con el archivo original.
A ese conjunto de elementos se sumaron otros indicios, como fotografías extraídas de un perfil de Facebook atribuido a Chagra, donde se lo ve con una cinta roja en la muñeca izquierda, un detalle que coincide con el que aparece en los videos de la cacería. Con ese material, las querellas y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación a juicio para evitar que la causa prescriba. Ahora, solo resta que se fije la fecha del debate oral.
El caso se inscribe en un contexto más amplio. En agosto pasado, la Justicia dictó la primera condena firme por la caza de un yaguareté en la Argentina, en una causa ocurrida también en Formosa. En paralelo, sigue abierta la investigación por la desaparición de Acaí, una hembra monitoreada en El Impenetrable chaqueño, por la que se ofrece una recompensa millonaria.
Hoy, se estima que en todo el país quedan alrededor de 250 yaguaretés, distribuidos entre las yungas del norte, la región chaqueña y la selva misionera. Declarado Monumento Natural Nacional, el felino enfrenta amenazas constantes: la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos con comunidades rurales. En el Congreso, mientras tanto, sigue sin tratarse un proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos contra especies protegidas, elevándolas a entre cuatro y ocho años de prisión.
“Si no logramos que la gente aprenda a convivir con el yaguareté, el yaguareté se extingue”, advierte Lodeiro Ocampo. La frase resume el trasfondo de una causa que va mucho más allá de un acusado y un video: pone en discusión el futuro de una especie clave, la eficacia de la Justicia ambiental y los límites de la impunidad en los delitos contra la fauna silvestre.
