Las principales ciudades y destinos costeros de España han comenzado a implementar multas y regulaciones más estrictas frente a un fenómeno que, aunque genera riqueza, también provoca tensiones sociales, daños al patrimonio y problemas de convivencia. Desde prohibiciones para orinar en el mar, hasta sanciones por cavar agujeros en la arena o llevarse conchas de recuerdo, los municipios buscan contener los excesos del turismo masivo.
En Toledo, que en 2024 recibió más de 620.000 visitantes, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que regula el tránsito de grupos turísticos para evitar colapsos en las calles del casco histórico. Entre las nuevas normas se prohíbe el uso de megafonía en visitas guiadas a partir de las 23:00 horas, se exige el empleo de auriculares en grupos de más de 30 personas y se eliminan los tradicionales paraguas de colores de los “free tours”. Las multas por incumplir estas disposiciones pueden alcanzar los 3.000 euros.
En otras ciudades históricas, como Segovia, la protección del Acueducto romano contempla sanciones de entre 750 y 3.000 euros para quienes dañen la estructura. Y en la costa, los controles son cada vez más estrictos: en Marbella, orinar en la arena o en el mar puede costar hasta 1.500 euros, mientras que en Málaga se multan conductas como circular con patinetes en zonas prohibidas o incumplir el código de vestimenta con sanciones de hasta 700 euros.
El fenómeno también afecta al mercado inmobiliario en las islas Baleares, donde la dificultad de acceder a una vivienda ha disparado el uso de autocaravanas como residencia temporal. Ante esto, el estacionamiento sin autorización en Ibiza puede implicar sanciones de hasta 40.000 euros. Además, el archipiélago estudia triplicar la conocida ‘ecotasa’ turística en temporada alta, con un costo de hasta 6 euros diarios por persona.
Las playas tampoco se libran de estas medidas. En la costa de Nigrán (Galicia) está prohibido cavar agujeros en la arena, con multas que pueden llegar a los 200.000 euros, mientras que en Canarias y Baleares llevarse conchas o arena puede costar hasta 3.000 euros. Incluso acciones tan comunes como fumar en la playa en algunos puntos de Cataluña pueden suponer sanciones de hasta 600 euros.
Los gobiernos locales aseguran que estas medidas no buscan “espantar turistas”, sino garantizar un turismo sostenible que respete a los vecinos, al entorno y al patrimonio. Sin embargo, la tensión social se mantiene: muchos residentes siguen reclamando límites más drásticos a un modelo turístico que, aunque rentable, amenaza con desbordar la convivencia cotidiana en las ciudades españolas.
