En una decisión histórica que marca un antes y un después en el país, Corea del Sur aprobó la prohibición del consumo de carne de perro, una práctica que durante décadas generó fuerte rechazo dentro y fuera de Asia. La medida fue celebrada por organizaciones animalistas y representa el desenlace de años de presión social, campañas de concientización y un cambio cultural cada vez más visible entre las nuevas generaciones.
La Asamblea Nacional surcoreana dio luz verde a una ley que prohíbe de forma progresiva toda la cadena vinculada al consumo de carne de perro, incluyendo la cría, el sacrificio, la distribución y la venta de animales destinados a ese fin. Aunque la normativa ya fue aprobada, no comenzará a aplicarse de inmediato: el gobierno estableció una moratoria de tres años, por lo que las sanciones entrarán oficialmente en vigor en 2027.
A partir de ese momento, quienes incumplan la ley podrán enfrentar penas de hasta dos años de prisión y multas millonarias, en una de las reformas más contundentes impulsadas por el país en materia de bienestar animal.
La decisión no surgió de un día para el otro. Se trata del resultado de décadas de protestas contra una costumbre que, si bien aún persistía en algunos sectores, venía perdiendo fuerza de manera acelerada dentro de la propia sociedad surcoreana. De hecho, el rechazo social ya mostraba señales contundentes: encuestas recientes revelaron que una enorme mayoría de ciudadanos nunca había consumido carne de perro, mientras que más de la mitad se manifestaba abiertamente a favor de prohibirla.
El cambio generacional fue clave. Entre los surcoreanos más jóvenes, especialmente menores de 30 años, el consumo de carne de perro se volvió cada vez más raro e incluso mal visto. Para muchos, la relación con los perros dejó de estar asociada a tradiciones alimentarias y pasó a vincularse con el afecto, la convivencia y el rol de mascota, una transformación cultural que empujó con fuerza el debate público.
La iniciativa tuvo además un fuerte respaldo desde lo más alto del poder político. La propuesta fue impulsada por el presidente Yoon Suk Yeol, reconocido por su postura a favor del bienestar animal, y contó con el apoyo activo de la primera dama, Kim Keon-hee, quien se involucró públicamente en la campaña para terminar con esta práctica.
La aprobación legislativa reflejó ese consenso: el proyecto avanzó con una mayoría aplastante, mostrando que el tema ya no divide a la política surcoreana como en otros tiempos.
Con la nueva ley, el país no solo obligará a los restaurantes a eliminar la carne de perro de sus menús, sino que también avanzará en el cierre de granjas de cría y en el desmantelamiento de toda la red comercial que sostenía esta industria. Esto incluye criaderos, mataderos, distribuidores e intermediarios, un entramado que todavía seguía activo aunque cada vez más cuestionado.
En Corea del Sur, como en otros países de Asia, el consumo de carne de perro tuvo durante años un componente cultural e incluso medicinal, sostenido por creencias populares que le atribuían supuestos beneficios para la salud y la resistencia física, especialmente durante los meses de calor. Sin embargo, esas ideas fueron perdiendo legitimidad con el tiempo, tanto por el avance de la ciencia como por el cambio de sensibilidad social.
Además del rechazo ético, especialistas y organizaciones advirtieron reiteradamente sobre los riesgos sanitarios asociados a esta práctica. El consumo de carne de perro puede estar vinculado a enfermedades graves, desde infecciones parasitarias hasta patologías más peligrosas, especialmente cuando los animales provienen de entornos sin control sanitario o incluso de la calle.
En paralelo, el crecimiento del vínculo entre humanos y animales de compañía también jugó un rol determinante. A medida que los perros se consolidaron como parte del núcleo familiar en muchos hogares surcoreanos, la tolerancia social hacia esta costumbre comenzó a desplomarse. En ese proceso, las denuncias sobre robo de mascotas, condiciones de hacinamiento en granjas y maltrato extremo terminaron de erosionar la legitimidad de una práctica cada vez más aislada.
La decisión de Corea del Sur se suma a un cambio más amplio que ya se observa en distintos puntos de Asia, donde tradiciones históricas están siendo revisadas bajo nuevas miradas éticas, sanitarias y culturales.
Con esta ley, el país no solo busca cerrar una etapa polémica de su historia reciente, sino también enviar un mensaje contundente al mundo: una costumbre centenaria puede dejar de existir cuando la sociedad cambia y decide que ya no tiene lugar en el presente.
