Una de las islas más conocidas de Filipinas estará cerrada a los turistas durante seis meses (al menos) debido a que sus playas de arena blanca se están convirtiendo en un basurero.
El presidente Rodrigo Duterte ordenó el cierre de la isla de Boracay a partir del 26 de abril, después de sospechar que se está contaminando la zona con aguas residuales.
La decisión pone en peligro el sustento de miles de personas locales que viven del turismo. Algunas personas sostienen que esta decisión contradice a la política de desarrollo del gobierno para la isla, incluida la reciente aprobación de un casino y complejo.
«Boracay es conocido como un paraíso y este cierre temporal significa garantizar que las próximas generaciones también lo experimenten.»
La amenaza de cierre surgió por primera vez en febrero cuando Duterte criticó los 500 hoteles, restaurantes y otros negocios relacionados con el turismo de la pequeña isla, acusándolos de verter aguas residuales directamente en el mar. A lo que las autoridades apoyaron diciendo que algunas empresas estaban utilizando el sistema de drenaje de la isla para enviar aguas residuales no tratadas a las aguas turquesas que las rodean.
El Ministerio de Medio Ambiente dice que 195 empresas, junto con más de 4.000 clientes residenciales, no están conectadas a las líneas de alcantarillado.
El área ha visto un desarrollo «ilimitado» porque «las unidades del gobierno local y las agencias del gobierno nacional no hicieron su trabajo de aplicar las reglas sobre el uso de la tierra, la evaluación del impacto ambiental».
Las autoridades dijeron que usarían el cierre para construir nuevos sistemas de alcantarillado y drenaje, demoler las estructuras construidas en los humedales y demandar a los funcionarios y empresarios que violaron las leyes ambientales.
El impacto de la decisión ya se estaba haciendo sentir, con las aerolíneas nacionales anunciando que reducirían el número de vuelos a la isla.
«Ya sean extranjeros o locales, no se les permitirá ingresar a la isla.»
The Boracay Foundation Inc., una asociación comercial en la isla, había pedido al gobierno que cerrara solo a aquellos que violaban las leyes ambientales, ya que es injusto para los establecimientos que cumplen con los requisitos verse afectados por el cierre.
