El Gobierno de Giorgia Meloni ha implementado un cambio significativo en la ley de ciudadanía italiana, restringiendo el derecho por ius sanguinis (derecho de sangre) solo a descendientes de primera o segunda generación. Esta medida afecta a miles de argentinos que buscaban obtener la nacionalidad a través de sus ancestros italianos.
Hasta ahora, una ley de 1992 permitía a descendientes de tercera y cuarta generación solicitar la ciudadanía italiana, lo que facilitó que en 2023 alrededor de 20.000 argentinos la obtuvieran y en 2024 la cifra ascendiera a 30.000. Sin embargo, con este nuevo decreto, solo podrán solicitar la ciudadanía los hijos y nietos de italianos.
Cambios clave en el proceso de ciudadanía
- Límite generacional: Solo descendientes directos (hijos o nietos) podrán acceder a la ciudadanía.
- Nueva oficina de tramitación: Ya no se podrá realizar el trámite en los consulados, sino en un organismo especial que se establecerá en la Cancillería italiana.
- Tiempo de espera: La unidad especializada tendrá hasta 48 meses para resolver cada solicitud.
- Ciudadanía por matrimonio: Se exigirá dos años de residencia en Italia para quienes la obtengan por casamiento.
- Aumento en costos: La tarifa para tramitar la ciudadanía subió de 640 a 700 euros.
Documentación requerida
Quienes aún cumplan con los requisitos deberán presentar:
- Partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción (si corresponde) desde el abuelo/a o padre/madre italiano/a.
- Certificado de no naturalización del ancestro italiano.
- Traducción al italiano de toda la documentación.
- Copia del DNI y un servicio a nombre del solicitante.
- Condiciones para mujeres en la línea de descendencia: Si tuvieron hijos antes de 1948, la ciudadanía deberá solicitarse a través de un juicio en Italia.
Dado este cambio, los expertos recomiendan a quienes tengan la documentación completa que consulten con abogados especializados para evaluar alternativas y presionar por la reactivación de turnos en los consulados.
Por ahora, los solicitantes deberán esperar la conformación del nuevo organismo en Cancillería o la resolución del Parlamento en un plazo de 60 días. Mientras tanto, la obtención del pasaporte italiano, que permite vivir y trabajar en la Unión Europea, queda en pausa para muchas personas.
