A partir de 2025, quienes soliciten la naturalización o la ciudadanía por matrimonio ya no estarán obligados a rendir el examen de idioma italiano, una medida que había generado controversia y críticas por ser considerada discriminatoria.
La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional de Italia, que declaró inconstitucional la exigencia de demostrar un nivel B1 de italiano para acceder a la ciudadanía, requisito impuesto en el Decreto de Seguridad de 2018. Según el tribunal, la norma violaba el principio de igualdad establecido en la Constitución italiana, sobre todo en el caso de personas con discapacidad intelectual grave o enfermedades que les impiden cumplir con esa exigencia.
El recurso que desencadenó este fallo fue presentado por el Tribunal Administrativo Regional de Emilia Romaña, que cuestionaba la validez de la ley por considerarla una forma de discriminación indirecta. La corte italiana respaldó esa visión y subrayó el principio jurídico «ad impossibilia nemo tenetur», que significa que nadie puede ser obligado a hacer lo imposible.
Con esta sentencia, las personas mayores y aquellas con discapacidad certificada quedan formalmente exentas de la prueba de idioma. Además, el gobierno italiano se ve ahora en la obligación de modificar la legislación vigente para que estas personas puedan acceder a la ciudadanía sin enfrentarse a una barrera lingüística que antes resultaba insuperable.
Este cambio representa un paso importante hacia un proceso de naturalización más justo e inclusivo en Italia. Al eliminar el examen de idioma obligatorio, el país se posiciona como un ejemplo en políticas de accesibilidad y derechos ciudadanos, abriendo la puerta a miles de personas que habían sido marginadas por los requisitos restrictivos.
Sin duda, esta nueva normativa promete transformar la manera en que Italia concede su ciudadanía, privilegiando la inclusión y el respeto por la diversidad humana.
