La sola idea de que Machu Picchu cierre temporalmente sus puertas ha encendido todas las alarmas en Cusco. La propuesta, impulsada por Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio local, plantea una medida drástica: suspender el acceso al santuario inca “una semana, dos semanas o el tiempo que sea necesario” para reorganizar la gestión turística bajo una autoridad autónoma.
El objetivo, según Santoyo, es enfrentar una crisis que amenaza la experiencia de los visitantes y el sustento de miles de familias. Pero la propuesta llega con un costo altísimo: cada día sin actividad significaría pérdidas millonarias y afectaría a toda la cadena de servicios que depende del flujo constante de turistas.
En los últimos días ya se registraron 4.700 visitantes perjudicados por paralizaciones y más del 15% de las reservas fueron canceladas, lo que equivale a 70 millones de soles menos para la economía regional. Hoteles, restaurantes, transportistas y guías advierten que los efectos inmediatos podrían convertirse en un golpe duradero para la imagen internacional de Machu Picchu.
Al conflicto económico se suma un trasfondo político. Voces como la de Sixto Liñán, de la Asociación Peruana de Empresarios en Turismo, denuncian que la mayor parte de los recursos generados por el sitio se concentran en Lima, mientras Cusco recibe solo una fracción. “Ningún funcionario de la capital sabe realmente lo que cuesta llegar a Machu Picchu”, criticó.
El Ministerio de Cultura sostiene que los ingresos se utilizan en conservación y turismo sostenible, pero en la región crece la sensación de centralismo y abandono.
Así, el debate sobre el cierre temporal de Machu Picchu refleja un dilema mayor: ¿sacrificar ingresos inmediatos para garantizar una mejor gestión a largo plazo, o mantener abierto el santuario en medio de un modelo cuestionado?
Por ahora, la incertidumbre se cierne sobre Cusco, donde miles de familias aguardan una decisión que podría redefinir el futuro del sitio arqueológico más famoso del Perú.
