¿Por qué el caso de Manuel García genera tensión entre EE.UU. y El Salvador?
El caso de Manuel García, residente legal en Estados Unidos detenido en El Salvador, ha captado la atención no solo de organizaciones defensoras de derechos humanos, sino también de figuras políticas de alto perfil. Uno de ellos es el senador demócrata del estado de Maryland, Ben Cardin, quien ha manifestado públicamente su disposición de viajar personalmente a El Salvador si las autoridades no liberan a García pronto.
Este controvertido caso ha provocado una creciente tensión diplomática entre ambos países y ha puesto sobre la mesa las preocupaciones sobre el respeto a los derechos civiles en el contexto del régimen de excepción instaurado en El Salvador.
¿Quién es Manuel García y por qué fue detenido?
Manuel Abrego García es un residente legal permanente en los Estados Unidos, domiciliado en Maryland desde donde emigró hace aproximadamente dos décadas. Viajó a su país natal, El Salvador, en abril de 2023, y fue arrestado por las autoridades salvadoreñas bajo acusaciones relacionadas con actividades de pandillas, aunque sin que hasta la fecha se hayan presentado cargos concretos ni evidencia pública.
Según reportes del medio [Fox5DC](https://www.fox5dc.com/news/maryland-senator-says-hell-travel-el-salvador-abrego-garcia-isnt-released), la familia de García y su equipo legal han denunciado que él fue detenido arbitrariamente y que ha permanecido en condiciones precarias, sin acceso adecuado a asistencia legal y sin garantías procesales mínimas.
Contexto: El régimen de excepción en El Salvador
Desde marzo de 2022, El Salvador ha vivido bajo un régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, una medida que ha recibido tanto elogios por combatir el crimen organizado como críticas por las violaciones a los derechos humanos. Este régimen ha permitido al gobierno suspender ciertas garantías constitucionales con el objetivo de enfrentar a las pandillas, pero múltiples organizaciones, como [Human Rights Watch](https://www.hrw.org/es), han documentado detenciones masivas arbitrarias y trato inhumano hacia los detenidos.
García es uno de los más de 70,000 arrestados bajo este régimen, muchos de los cuales aún no han sido acusados formalmente. Activistas y familiares de detenidos han denunciado abusos sistemáticos bajo esta política de seguridad.
Senador Ben Cardin alza la voz 
Ben Cardin, senador por Maryland y presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, ha expresado su preocupación directamente al gobierno salvadoreño. En declaraciones recientes, Cardin afirmó que considerará viajar personalmente a El Salvador si García no es liberado «en un plazo razonable».
El legislador señaló que la detención de García no solo representa una posible violación a sus derechos humanos, sino que podría considerarse un incidente diplomático que socava las relaciones entre EE.UU. y El Salvador.
Declaración del senador
En declaraciones emitidas por Fox5DC, Cardin fue contundente:
“Como miembro del Senado de los Estados Unidos tengo el deber de proteger a nuestros ciudadanos y residentes legales cuando están siendo objeto de detenciones arbitrarias en el extranjero”.
Cardin también advirtió que esta clase de incidentes afectan la imagen internacional de El Salvador y complican la cooperación entre ambos países en temas migratorios, comerciales y de seguridad.
Reacciones desde la sociedad civil y defensores de derechos humanos
Numerosos grupos de derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, han abogado por la liberación inmediata de García. Entre ellos se encuentran organizaciones como el Centro de Derechos Constitucionales y Amnesty International, quienes argumentan que este es uno de los muchos casos donde las autoridades salvadoreñas han abusado del régimen de excepción.
Además, familiares y abogados de García han denunciado en conferencias de prensa y redes sociales que no han tenido acceso a información clara sobre su paradero durante las primeras semanas de su detención. También aseguran que se han presentado recursos legales sin respuesta del sistema judicial salvadoreño.
Apoyo desde la comunidad latina
En Maryland, donde reside una de las comunidades salvadoreñas más grandes en Estados Unidos, se han llevado a cabo múltiples vigilias y manifestaciones pacíficas exigiendo la libertad de Manuel García. La comunidad denuncia que este caso es solo un reflejo del miedo que enfrentan los inmigrantes salvadoreños al regresar a su país en el contexto del régimen actual.
Consecuencias para la relación bilateral entre EE.UU. y El Salvador 
La postura firme del senador Cardin podría traducirse en mayores tensiones diplomáticas en un momento delicado para ambas naciones. Entre las posibles consecuencias se encuentran:
- Revisión de la ayuda financiera y programas de desarrollo que EE.UU. otorga a El Salvador.
- Mayor escrutinio en la cooperación bilateral sobre seguridad y migración.
- Mayor presión internacional hacia el gobierno de Bukele en foros multilaterales.
Incluso, hay analistas que sugieren que el Congreso de los EE.UU. podría considerar audiencias sobre la política represiva salvadoreña, especialmente si surgen más casos similares al de García.
¿Qué puede suceder ahora?
La situación actual parece dirigirse hacia un punto de inflexión. Si el gobierno de El Salvador no responde favorablemente a las demandas del senador Cardin, es probable que este caso adquiera aún más notoriedad internacional. Además, podrían verse impactadas negociaciones sobre programas de ayuda humanitaria, visas temporales y cooperación en seguridad regional.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan reportando que la falta de transparencia sigue siendo uno de los mayores obstáculos en la lucha por la justicia en El Salvador durante el régimen de excepción.
Más allá de García: una señal de alarma en Centroamérica
Este caso sirve como una señal de alerta para otros países del hemisferio que podrían estar usando políticas de seguridad para justificar la suspensión de derechos fundamentales. Es un recordatorio de que la lucha contra el crimen no debe realizarse a costa de la legalidad y los derechos civiles.
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