Una medida polémica: migrantes no criminales trasladados a Guantánamo Bay
La administración del expresidente Donald Trump volvió a ser foco de fuertes críticas tras tomar una decisión sin precedentes: trasladar a migrantes no criminales al centro de detención ubicado en Guantánamo Bay, Cuba. Esta política generó controversia a nivel nacional e internacional, dado que involucra a personas sin antecedentes penales ni vínculos comprobados con actividades ilegales.
El contexto detrás de la decisión
En medio del aumento de migración hacia los Estados Unidos durante 2019, la Casa Blanca buscaba frenar el ingreso de personas mediante medidas restrictivas. Uno de los puntos clave de la agenda migratoria de Trump era la “tolerancia cero”, la misma que dio lugar a la separación de familias en la frontera sur y a procesos acelerados de deportación.
Según reportes obtenidos por medios estadounidenses, como Miami Herald, funcionarios de la administración utilizaron una instalación migratoria dentro de la base naval de Guantánamo para retener a extranjeros no criminales considerados de “alto riesgo”. La decisión no solo impactó en la comunidad migrante, sino que encendió alarmas entre organizaciones que defienden los derechos humanos, señalando posibles abusos y violaciones al debido proceso.
¿Quiénes fueron los afectados?
La medida no apuntó a migrantes con historial delictivo, como podría suponerse inicialmente, sino a ciudadanos extranjeros detenidos en territorio estadounidense sin documentación legal, cuya única falta había sido ingresar al país de manera irregular. Entre los grupos afectados se encontraron:
- Solicitantes de asilo provenientes de países en crisis como Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
- Personas interceptadas en altamar por la Guardia Costera de EE.UU.
- Refugiados en espera de procesamiento consular, cuyas solicitudes se han estancado debido a políticas restrictivas de la era Trump.
¿Por qué Guantánamo Bay?
La elección de Guantánamo no fue casual. Esta base militar, ubicada en el sureste de Cuba, ha sido utilizada desde 2002 como el centro de detención de sospechosos de terrorismo post 11-S. Operada por el Departamento de Defensa, la prisión ha sido internacionalmente criticada por las condiciones en las que se retiene a los detenidos y la falta de transparencia jurídica.
Aunque el gobierno estadounidense aclaró que los migrantes no fueron llevados a las instalaciones del “Camp Delta” (la prisión militar más conocida), sí eran alojados en una sección reservada para inmigrantes interceptados por vía marítima. Esto generó resistencia de defensores legales y ONGs como Human Rights Watch, quienes denunciaron el intento de invisibilizar procesos migratorios bajo condiciones inadecuadas.
Impacto en políticas migratorias
Esta decisión marcó un nuevo pico en la política de mano dura de Trump. Entre sus medidas destacadas —y muy cuestionadas— se encuentran:
- La separación de familias en la frontera, con más de 2,800 niños alejados de sus padres entre 2017 y 2018.
- El programa “Remain in Mexico” (MPP), que obligaba a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano durante la evaluación de su caso.
- Acuerdos con países centroamericanos para disuadir el éxodo hacia Estados Unidos, a pesar de las condiciones violentas y precarias en la región.
En el caso de Guantánamo, la administración intentó justificar la decisión como un método para gestionar de forma más efectiva a ciertos migrantes considerados de «riesgo elevado». Sin embargo, múltiples expertos, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentaron que esa designación era difusa, subjetiva y sin prueba jurídica.
Reacciones internacionales y críticas humanitarias 
El hecho de trasladar migrantes no criminales a una base militar conocida por las detenciones indefinidas y la tortura generó una oleada de indignación a nivel global. Naciones Unidas, ONGs internacionales y varios países latinoamericanos expresaron preocupación por la legalidad de estas acciones.
Amnistía Internacional denunció lo que calificó como un “sistema paralelo para eludir el derecho migratorio estadounidense” y señaló que Guantánamo no era un lugar adecuado para retener a civiles sin cargos penales. Desde Intriper hemos abordado previamente las rebuscadas políticas migratorias en torno a Cuba y el Caribe, una región históricamente marcada por la represión y la falta de libertades.
Consecuencias a largo plazo 
Si bien este enfoque fue desmantelado parcialmente tras la llegada de Joe Biden a la presidencia, los legados de la política migratoria de Trump aún pueden verse en ciertos procedimientos. Algunos de los problemas que persisten incluyen:
- Retrasos extremos en el procesamiento de asilos debido a un sistema colapsado.
- Uso de instalaciones militares o remotas para alejar el acceso legal a asesoría migratoria.
- Desconfianza y miedo generalizado en las comunidades migrantes hacia las autoridades estadounidenses.
Grupos de derechos humanos han solicitado que el Congreso de los Estados Unidos realice una investigación sobre el uso de Guantánamo como centro migratorio, para determinar si hubo violaciones al derecho internacional y a los estándares del debido proceso.
¿Es legal esta medida? 
Aunque el sistema migratorio estadounidense permite cierta discrecionalidad en la detención de extranjeros, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) establece directrices específicas para la detención humanitaria. El uso de instalaciones como Guantánamo Bay, que históricamente no ha estado bajo jurisdicción civil, genera dudas sobre la legalidad del proceso y el acceso a derechos fundamentales como:
- El derecho a solicitar asilo.
- El acceso a representación legal.
