Una megaredada policial realizada en la madrugada del martes en Río de Janeiro dejó un saldo de al menos 120 personas muertas, entre ellas cuatro policías, en lo que las autoridades describen como la operación más letal contra el crimen organizado en la historia del estado.
El enfrentamiento estalló en una zona obrera controlada por el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Según informaron las autoridades, la operación contó con la participación de 2.500 agentes y fue el resultado de una investigación de más de un año destinada a frenar la expansión del grupo. Durante el operativo fueron detenidas 81 personas presuntamente vinculadas a la banda.
“Se trata de una operación estatal contra narcoterroristas”, declaró el gobernador Cláudio Castro, quien aseguró que el objetivo era recuperar el control de territorios dominados por el narcotráfico. Sin embargo, la cifra de muertos generó una ola de indignación en Río, una ciudad acostumbrada a la violencia, pero no a un episodio de tal magnitud.
Las imágenes transmitidas por medios locales mostraron columnas de humo elevándose sobre los barrios atacados, mientras miembros del Comando Vermelho encendían barricadas y bloqueaban calles con autobuses para impedir el avance policial. El caos se extendió rápidamente: universidades suspendieron clases, rutas fueron cerradas, y el tránsito hacia el aeropuerto internacional quedó interrumpido durante horas.
Varios residentes relataron escenas de pánico y confusión, intentando refugiarse de las balas perdidas. Una mujer resultó herida en una pierna mientras hacía ejercicio en un gimnasio.
El gobernador Castro calificó los hechos como parte de una “guerra” contra el crimen organizado y criticó al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asegurando que Río “está completamente solo en esta lucha”. Castro incluso sugirió que sería necesario el apoyo de las fuerzas armadas para enfrentar a las bandas.
Desde Brasilia, el ministro de Justicia rechazó esas acusaciones, recordando que en los últimos dos años se han implementado acciones conjuntas entre el gobierno federal y el estado para combatir el narcotráfico.
El operativo del martes supera en víctimas al de 2021, también en Río y contra el mismo grupo criminal, que dejó 28 muertos. La violencia reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza en las favelas y el impacto de las operaciones policiales en comunidades civiles, donde la línea entre seguridad y tragedia se vuelve cada vez más difusa.
