Con 240 votos positivos en la Cámara de Diputados, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, permite el acceso a información ambiental y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en cuestiones ambientales. El mismo cuenta con la firma de 22 países que forman parte de América Latina y el Caribe y es necesario que, por lo menos, 11 de ellos lo ratifiquen para que pueda entrar en vigencia.
Argentina había aprobado la ratificación por unanimidad en la Cámara de Senadores y en la madrugada del 25 de Septiembre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados con 240 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.
Los países que previamente ratificaron el acuerdo son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay, según informó el sitio de noticias BBC. Por otro lado, Chile es uno de los países que rechazó la ratificación del Acuerdo, lo cual generó confusión siendo que el país fue uno de los miembros que presidió el convenio en 2018.
Acuerdo de Escazú, ¿de qué trata?
El Acuerdo de Escazú es un convenio que fue promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2018 y contó con la firma de 22 países de la región. La finalidad del acuerdo es «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales«.
El mismo también tiene como objetivo garantizar «la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible«. Según aseguró Andrés Napoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) al periódico La Nación, lo que diferencia al acuerdo es que «Tiene características propias porque normalmente los acuerdos ambientales internacionales tratan temas específicos y este trata de derechos que son herramientas para la sociedad civil».
Para que el Acuerdo de Escazú, el cual lleva ese nombre por la ciudad de Costa Rica en la que fue promovido, entre en vigor es necesario que sea ratificado por otro país miembro que no lo haya hecho hasta el momento.
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