Polémica en Reino Unido: influencers enseñan a explotar el sistema de beneficios sociales
En los últimos días, una creciente indignación ha sacudido al Reino Unido tras la revelación de que varios influencers estarían utilizando sus plataformas para enseñar cómo aprovechar el sistema de beneficios sociales. Según una investigación reciente llevada a cabo por medios británicos, algunos creadores de contenido están lucrando significativamente —ganando hasta £500,000 anuales— al mostrar cómo recibir ayudas financieras sin necesariamente cumplir con los requisitos estrictos del sistema.
La nueva «industria» de la asistencia social
Algunos influencers en plataformas populares como TikTok, YouTube y Facebook han comenzado a compartir consejos, guías paso a paso y “trucos” para acceder a beneficios sociales del gobierno británico, a menudo bordeando la legalidad. Bajo la apariencia de “ayuda comunitaria” o “empoderamiento financiero”, estos creadores de contenido están acumulando millones de visualizaciones y seguidores dispuestos a pagar por asesorías personalizadas.
Entre los beneficios que los influencers enseñan a solicitar se encuentran:
- Universal Credit: una ayuda mensual que reúne varios subsidios, incluida la asistencia para desempleados.
- Housing Benefit: subsidio para cubrir costos de alquiler.
- Personal Independence Payment (PIP): destinado a personas con discapacidades o necesidades especiales.
Algunos de estos influencers incluso ofrecen “consultas” a través de servicios de mensajería o suscripciones privadas, cobrando entre £150 y £200 por sesión. Esto ha despertado críticas tanto en el Parlamento británico como en medios de comunicación.
¿Legal o moralmente reprochable?
Mientras que muchos de estos influencers no están directamente cometiendo un delito —dado que no presentan solicitudes en nombre de otros ni falsifican información—, el hecho de que promuevan maneras de «engañar al sistema» ha generado indignación.
Varios expertos en políticas sociales afirman que estos contenidos están siendo utilizados por personas que no califican legalmente para recibir los subsidios presentados. La diputada Caroline Nokes manifestó su preocupación por esta tendencia, afirmando que «trivializa un sistema que existe para ayudar a quienes realmente lo necesitan».
Además, esta práctica podría derivar en un mayor escrutinio por parte del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP), que ya ha advertido que pedirá el rastreo y eliminación de esos contenidos en redes sociales.
¿Quiénes son estos influencers?
Los perfiles más polémicos son jóvenes de entre 20 y 30 años que aseguran “haber recibido beneficios durante años sin trabajar” y enseñan a otros cómo hacerlo. Algunos de estos casos han sido denunciados públicamente por usuarios que consideran que están abusando del sistema y promoviendo un estilo de vida que contradice el valor del esfuerzo.
Con títulos como “Cómo vivir del gobierno y no trabajar nunca más” o “Mis trucos para ganar £1,600 al mes sin mover un dedo 💸”, estos videos captan la atención de un público joven y vulnerable económico-socialmente.
La eficacia de sus métodos no ha sido confirmada oficialmente, pero muchos usuarios afirman haberlos seguido con éxito. Sin embargo, acceder a beneficios sociales de forma fraudulenta podría conllevar sanciones legales, desde multas hasta penas de prisión.
El impacto en el sistema y la opinión pública
La consecuencia más grave de esta tendencia es el daño al sistema de asistencia social. Los beneficios sociales existen para proteger a los más vulnerables, y cuando son manipulados erróneamente, no solo se gasta más dinero público, sino que también se genera desconfianza entre quienes necesitan ayuda.
Las críticas también provienen de asociaciones civiles y ONGs que asisten a personas en situación de pobreza extrema. En un comunicado, The Trussell Trust, una organización benéfica que administra bancos de alimentos en el Reino Unido, señaló que este tipo de prácticas “amenazan con debilitar la confianza pública en el sistema de bienestar.”
Los usuarios honestos del sistema también se ven perjudicados, ya que las inspecciones y aprobaciones de solicitudes podrían complicarse más debido a posibles fraudes.
Las redes sociales bajo la lupa
Este escándalo reavivó el debate sobre el rol de las redes sociales en la promoción de contenido irresponsable o fraudulento. Aunque las plataformas como Instagram, TikTok y Facebook tienen políticas contra actividades ilegales, sus algoritmos tienden a promover contenido que genera altos niveles de engagement, incluyendo publicaciones escandalosas o que prometen “riqueza instantánea”.
Ya en otras ocasiones, estas plataformas fueron centro de críticas por permitir la difusión de contenido que promueve apuestas ilegales, fraudes financieros o pseudociencias. La situación actual refuerza el llamado a una regulación más estricta sobre el tipo de contenido económico-legal que puede ser compartido en redes sociales.
El debate moral en torno al sistema de bienestar
Más allá de las cuestiones legales, el problema también toca un punto moral y ético: ¿hasta qué punto se puede justificar aprovecharse de un sistema destinado a quienes realmente lo necesitan? ¿Está bien compartir trucos para sortear los filtros burocráticos si “el sistema está roto”?
Algunos influencers argumentan que lo hacen como forma de “resistencia” contra un sistema que, según ellos, no garantiza oportunidades económicas reales para todos. Pero sus críticas chocan con los datos: según cifras oficiales, el gasto en beneficios sociales en Reino Unido fue de más de £250 mil millones en 2023 (gov.uk), una cifra que muchos consideran ya insostenible.
Reacciones internacionales
Las repercusiones de esta noticia no se han limitado a las fronteras británicas. Medios internacionales, como BBC, The Guardian y Sky News, han abordado el tema, mostrando preocupación por el posible “contagio” de esta tendencia a otros países con sistemas similares.
Esto recuerda a casos anteriores en Estados Unidos y Australia, donde también se detectaron influencers que compartían contenido similar y enfrentaron demandas penales. En países de América Latina, donde el acceso a ayudas sociales también tiene regulaciones estrictas, este tipo de prácticas podrían tener consecuencias incluso más graves debido a una menor infraestructura de
