La Justicia federal suspendió la resolución que permitía realizar eventos privados dentro del área de las Cataratas del Iguazú, en un fallo que representa un fuerte revés para la política oficial sobre áreas protegidas en Argentina.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Posadas, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la asociación ambientalista Orembae y ordenó frenar la aplicación de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales.
La normativa, aprobada en diciembre de 2025, habilitaba la realización de llamados “microeventos” privados dentro del Parque Nacional Iguazú, con hasta 60 participantes. Según el organismo, se trataba de actividades experimentales y de bajo impacto.
Sin embargo, la organización demandante denunció que la medida evitaba realizar una Evaluación de Impacto Ambiental previa y no contemplaba instancias de participación ciudadana, como exigen normas nacionales e internacionales.
En su fallo, los jueces remarcaron que cuando existe riesgo ambiental debe aplicarse el principio preventivo, incluso si no hay certeza absoluta sobre los daños futuros. “El peligro existe con claridad”, señalaron al advertir que no estaban definidos con precisión los alcances reales de los eventos autorizados.
También cuestionaron que el Estado pretendiera basarse solo en controles internos de Parques Nacionales, recordando que el control judicial sobre decisiones que puedan afectar el ambiente es indelegable.
Desde Orembae celebraron la resolución y la calificaron como “un hito fundamental en la defensa del patrimonio natural”. Su abogado sostuvo que “en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza”.
Con esta medida, los eventos privados en una de las maravillas naturales más importantes del país quedan suspendidos hasta que haya una sentencia definitiva sobre el caso.
