Una intervención ilegal en un área de alto valor ecológico de la Patagonia terminó con una de las sanciones ambientales más severas registradas en los últimos años. Las autoridades de Villa La Angostura impusieron una multa de casi 67 millones de pesos y ordenaron la reforestación obligatoria de un sector afectado por la tala de árboles nativos protegidos.
El caso salió a la luz luego de una inspección realizada en un terreno ubicado sobre la costa del Lago Correntoso, donde se detectó la apertura de un camino sin autorización y la extracción de 15 ejemplares de arrayán, una de las especies más emblemáticas de los bosques andino-patagónicos.
Además de los arrayanes talados, los inspectores constataron la remoción de varios árboles jóvenes de coihue y movimientos de suelo que alteraron las condiciones naturales del lugar. Según los informes técnicos, la obra también dejó expuestas raíces de ejemplares que permanecen en pie, comprometiendo su estabilidad y supervivencia.
Como consecuencia, el Tribunal Municipal de Faltas resolvió aplicar una multa de 66.950.000 pesos y exigió la presentación de un Plan de Recomposición Ambiental para restaurar el ecosistema afectado.
La medida obliga a los responsables a plantar 57 ejemplares de especies nativas, entre ellos al menos 20 arrayanes de tamaño mediano. El proyecto deberá ser elaborado por profesionales especializados y contemplar acciones de recuperación del terreno, protección de la vegetación existente y seguimiento técnico durante varios años.
Las autoridades locales señalaron que el expediente permanecerá abierto hasta verificar que la restauración ambiental se haya cumplido correctamente y que las nuevas plantas logren desarrollarse de manera adecuada.
Los arrayanes, conocidos científicamente como Luma apiculata, son una especie característica de la región y cuentan con protección especial debido a su importancia ecológica, paisajística y cultural. Su presencia ayuda a conservar la biodiversidad y contribuye a la estabilidad de los suelos en los bosques patagónicos.
Desde el municipio remarcaron que la sanción busca sentar un precedente frente a las intervenciones ilegales en ambientes naturales protegidos. También recordaron que cualquier obra o modificación en este tipo de áreas requiere autorización previa para evitar daños que, en muchos casos, pueden resultar irreversibles.
El caso reavivó el debate sobre la preservación de los bosques nativos en la Patagonia, una región donde los ecosistemas naturales enfrentan crecientes presiones por el avance urbano y las intervenciones humanas sobre espacios de gran valor ambiental.
