¡Gran noticia! El Acuerdo de Escazú, el primer gran acuerdo medioambiental de la región latinoamericana, tiene fecha de inicio de ejecución para el próximo 22 de abril.
Se trata del formalmente nombrado como “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, que fue adoptado en marzo de 2018 en la localidad costarricense de Escazú, y entrará en vigor casi tres años después.
Los Gobiernos de Argentina y México han ratificado el pasado viernes 22 de enero el Acuerdo de Escazú ante la ONU, lo que permite la entrada en vigor del primer gran acuerdo medioambiental de la región latinoamericana el 22 de abril.
Tras estas dos últimas ratificaciones, ya son 12 los países que lo han hecho, lo que permite que el acuerdo entre en vigor en 90 días –se necesitaban 12 ratificaciones–, coincidiendo, además con el Día Internacional de la Tierra.
México ha celebrado la decisión en una ceremonia en la que ha participado la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, quien ha señalado que “en estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca”.
La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, Martha Delgado, ha calificado este instrumento como “un logro histórico y sin precedentes para promover los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible en América Latina”.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado, a través de un comunicado, que la ratificación “constituye la demostración del firme compromiso argentino con los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre el medioambiente firmado por 24 países, considerado el primer gran pacto medioambiental de América Latina y promovido por la CEPAL, en el que se incluyen preceptos como el derecho a un medioambiente sano y garantías para la protección de las personas defensoras del medioambiente.
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