Presentaron un proyecto en la Legislatura fueguina para crear un régimen de protección de cetáceos, regular el avistaje turístico y preservar a las especies que habitan o transitan por el Canal Beagle.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Tierra del Fuego propone crear, por primera vez, un régimen provincial de protección para los cetáceos que habitan o transitan por la Bahía de Ushuaia y el Canal Beagle. La iniciativa busca resguardar a ballenas, orcas, delfines y otras especies frente al crecimiento del turismo de avistaje en la región.

La propuesta surge como respuesta al aumento de la presencia de mamíferos marinos en la zona y pretende establecer reglas claras antes de que la actividad turística continúe expandiéndose sin una normativa específica.
Entre las principales medidas, el proyecto prohíbe cualquier acción que pueda alterar el comportamiento natural de los animales, como perseguirlos, acosarlos, alimentarlos, capturarlos o interferir en la relación entre las madres y sus crías.
Además, la futura autoridad de aplicación deberá fijar distancias mínimas de aproximación, límites de velocidad para las embarcaciones, tiempos máximos de observación e incluso establecer áreas de exclusión cuando sea necesario para proteger a los ejemplares.
La iniciativa también incorpora regulaciones para el uso de drones, aeronaves y helicópteros, que solo podrán operar con autorización y siempre que no representen un riesgo para los cetáceos. A su vez, las empresas que ofrezcan excursiones de avistaje deberán contar con habilitación provincial y cumplir requisitos ambientales, técnicos y de seguridad.

Otro de los ejes del proyecto es fortalecer la investigación científica. Para ello propone crear un Registro Provincial de Avistajes de Cetáceos, además de impulsar convenios con instituciones especializadas para mejorar el conocimiento sobre estas especies y orientar futuras políticas de conservación.
Como parte del plan, también se plantea la creación de un Fondo Provincial para la Conservación de Cetáceos, financiado con permisos, multas, aportes estatales y donaciones. Los recursos estarán destinados a tareas de monitoreo, investigación, educación ambiental y fiscalización, con el objetivo de garantizar la protección de estos animales en uno de los ecosistemas marinos más emblemáticos del país.







