Organizaciones ambientalistas volvieron a cuestionar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei y advirtieron sobre los riesgos para los ecosistemas de alta montaña y las reservas de agua. Especialistas remarcan que el desastre ocurrido en el Himalaya no puede atribuirse todavía de manera directa al cambio climático ni extrapolarse automáticamente al caso argentino
La tragedia ocurrida en la región del Himalaya volvió a poner en el centro de la discusión la vulnerabilidad de los ecosistemas de alta montaña. El desprendimiento de una enorme masa de hielo y roca en la frontera entre China y Nepal desencadenó un devastador flujo de agua y sedimentos que provocó cientos de muertes, desapariciones y graves daños materiales.
Mientras continúan las investigaciones para determinar qué provocó exactamente el desprendimiento, organizaciones ambientalistas argentinas aprovecharon el episodio para advertir sobre la importancia de preservar los glaciares y los ambientes periglaciales del país, en medio de la controversia generada por la reforma de la Ley de Glaciares.
La modificación de la normativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso en abril, es cuestionada por organizaciones ambientalistas porque, según advierten, amplía el margen de las provincias para autorizar determinadas actividades en áreas periglaciales que queden fuera de la categoría de reservas estratégicas de recursos hídricos.
Desde estos sectores sostienen que la nueva legislación podría facilitar el avance de proyectos mineros en zonas particularmente sensibles de la cordillera.
Nepal volvió a encender las alarmas
El episodio registrado en el Himalaya generó preocupación entre especialistas y organizaciones debido a la enorme capacidad destructiva que pueden alcanzar determinados fenómenos asociados a los glaciares.
La masa de hielo y roca que se desprendió cayó sobre el valle y desencadenó un torrente de agua y sedimentos que arrasó con viviendas, infraestructura y caminos. Las causas exactas del colapso todavía son objeto de investigación y, aunque algunos especialistas señalaron al calentamiento global como uno de los factores que podría estar detrás de una mayor inestabilidad de estos ambientes, todavía no existe evidencia suficiente para atribuir directamente la tragedia al cambio climático.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas sostuvo que el episodio debe servir como una advertencia sobre la necesidad de proteger las reservas de agua de alta montaña. Desde la organización remarcaron que los glaciares cumplen una función fundamental en la regulación hídrica y que su degradación puede afectar tanto a los ecosistemas como a las poblaciones ubicadas aguas abajo.
Greenpeace Argentina también llamó a prestar atención a la vulnerabilidad de los ambientes cordilleranos frente al aumento de las temperaturas. La organización aclaró que no es posible afirmar que un fenómeno idéntico al ocurrido en Nepal vaya a producirse en Argentina, pero consideró que el episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con mayor monitoreo, investigación y protección.
Qué cambió con la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley 26.639 fue sancionada originalmente en 2010 con el objetivo de preservar los glaciares y los ambientes periglaciales como reservas estratégicas de recursos hídricos.
La reforma aprobada este año modificó parte de ese esquema de protección. Uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones ambientalistas es la posibilidad de que las provincias determinen qué ambientes periglaciales constituyen reservas estratégicas de agua y, en aquellos sectores que queden fuera de esa categoría, puedan autorizar determinadas actividades productivas, incluida la minería.
Los ambientalistas consideran que este criterio puede generar diferencias entre provincias y dejar bajo una protección menor a ecosistemas que cumplen funciones hídricas relevantes.
El debate ocurre, además, en un contexto de fuerte impulso a las inversiones mineras en Argentina, especialmente en proyectos vinculados con el cobre, el oro y el litio.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron que la actividad minera en ambientes de alta montaña puede generar impactos sobre cursos de agua y acuíferos. Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran las modificaciones del terreno, el uso de sustancias químicas y los riesgos asociados a los diques de colas, donde se almacenan residuos de la actividad minera.
Los especialistas también remarcan que la cordillera argentina se encuentra atravesada por zonas sísmicamente activas, un factor que consideran relevante al momento de evaluar la seguridad de las grandes estructuras vinculadas con emprendimientos mineros.
Antecedentes de fenómenos similares en Argentina
Para las organizaciones ambientalistas, el riesgo no es exclusivamente teórico. En Argentina existen antecedentes de fenómenos vinculados con el bloqueo y posterior liberación de cursos de agua en zonas cordilleranas.
Uno de los casos citados ocurrió en Cacheuta, Mendoza, en 1934, cuando un glaciar bloqueó el río y posteriormente el vaciamiento del lago generó una importante crecida que provocó daños en zonas ubicadas aguas abajo.
Otro antecedente mencionado ocurrió en Los Erizos, San Juan, en 2005, cuando un deslizamiento bloqueó un río y, tras ceder la barrera natural, se produjo la liberación de un enorme volumen de agua que provocó inundaciones y daños.
También se recordó un episodio ocurrido en la zona del cerro Tronador y el Parque Nacional Nahuel Huapi en 2009. Según explicó el glaciólogo Javier Grosfeld, un lago glaciar ubicado al pie del Ventisquero Negro incrementó su volumen después de varias semanas de lluvias intensas. La barrera natural terminó colapsando y desencadenó un alud de agua, barro y hielo que alcanzó el lago Mascardi.
Estos fenómenos son conocidos internacionalmente como GLOF, por sus siglas en inglés (Glacial Lake Outburst Flood), y corresponden a inundaciones provocadas por el vaciamiento repentino de un lago glaciar.
Los especialistas consideran fundamental profundizar el estudio y monitoreo de estos procesos para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante posibles eventos extremos.
El reclamo llegó a la Justicia
La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares también tiene un capítulo judicial. En mayo, distintas organizaciones ambientalistas, junto con la provincia de La Pampa, presentaron un amparo colectivo para cuestionar la constitucionalidad de la modificación y solicitar medidas que impidan su aplicación mientras se resuelve el planteo.
La iniciativa contó con la adhesión de más de 850.000 personas, según las organizaciones que impulsaron el reclamo.
La causa todavía no tiene una resolución definitiva. Los ambientalistas cuestionan la demora judicial y sostienen que, mientras no exista una definición, continúan expuestos ecosistemas que consideran fundamentales para la provisión y regulación del agua.
El expediente tiene además un antecedente relevante. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares de 2010, en una causa iniciada por la empresa minera Barrick Gold y la provincia de San Juan.
En aquel fallo, el máximo tribunal consideró a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y destacó la relevancia de los derechos colectivos vinculados con la protección ambiental y el acceso al agua.
Una discusión que vuelve a tomar fuerza
La tragedia en el Himalaya no permite establecer por sí sola una relación directa con la situación de los glaciares argentinos. Sin embargo, el episodio volvió a poner en primer plano la fragilidad de los ambientes de alta montaña y la necesidad de estudiar cómo responden frente a condiciones climáticas cambiantes.
Para las organizaciones ambientalistas, el caso representa una advertencia sobre las consecuencias que puede tener una menor protección de estos ecosistemas. El Gobierno, por su parte, sostiene una política de promoción de inversiones mineras que considera estratégicas para el desarrollo económico del país.
El conflicto entre ambos enfoques promete continuar en los tribunales y también en el debate público. Mientras tanto, los especialistas coinciden en un punto: conocer mejor el comportamiento de los glaciares, monitorear los cambios en la alta montaña y evaluar los riesgos ambientales resulta clave para anticipar fenómenos que pueden tener consecuencias mucho más allá de las zonas donde se originan.
