Ecuador podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en otorgar protección legal específica a sus olas y zonas de surf. La Asamblea Nacional debatirá un proyecto histórico que propone reconocer las rompientes como ecosistemas estratégicos y protegerlas frente a obras o intervenciones que puedan alterar su dinámica natural.
La iniciativa forma parte de la nueva Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una normativa que busca regular el uso del mar ecuatoriano, preservar ecosistemas sensibles y ordenar las actividades económicas y recreativas vinculadas al océano.
Uno de los puntos más innovadores del proyecto es la creación de una figura jurídica para resguardar las zonas donde rompen las olas, consideradas clave tanto para la biodiversidad como para el turismo y las economías costeras. De aprobarse, más de 100 zonas de surf y unos 640 kilómetros de costa continental quedarían bajo protección especial.
El proyecto fue impulsado durante cinco años por el movimiento ciudadano Mareas Vivas, integrado por surfistas, científicos, ambientalistas y comunidades costeras. El colectivo surgió en 2020 luego de que vecinos de General Villamil Playas se movilizaran contra la construcción de un muelle que, según denunciaban, habría destruido las olas de la zona.
Desde entonces, la campaña reunió más de 10.000 firmas y logró llevar la propuesta hasta el Congreso ecuatoriano.
La ley también contempla la protección de manglares, dunas, zonas de anidación de tortugas marinas y otros ecosistemas costeros fundamentales frente al cambio climático. Además, crearía el Registro Nacional de Zonas de Rompientes, una base de datos pública que documentará las características ecológicas, geográficas y recreativas de cada ola del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la importancia de la iniciativa y aseguró que “no se trata solamente de proteger el surf, sino de reconocer que el mar y sus ecosistemas son patrimonio de todos los ecuatorianos”.
La propuesta toma como referencia a Perú, que en el año 2000 se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley específica para proteger rompientes. Sin embargo, los impulsores sostienen que el modelo ecuatoriano sería más amplio al integrar la conservación de las olas dentro de un sistema nacional de gobernanza marina.
Además del impacto ambiental, el proyecto también apunta al potencial económico del océano. El turismo asociado al surf mueve cerca de 70.000 millones de dólares anuales en todo el mundo, y destinos ecuatorianos como Montañita, Ayampe y Engabao ya se posicionan entre los favoritos de surfistas internacionales.
Para los defensores de la ley, preservar las olas significa también proteger una infraestructura natural capaz de generar empleo, atraer turismo y sostener economías locales durante décadas.
