En una medida histórica que marca un nuevo capítulo en la lucha contra la crisis de la vivienda, el gobierno de España ordenó a Airbnb retirar cerca de 66.000 anuncios de alojamientos turísticos por no cumplir con las regulaciones vigentes.
Según informó el Ministerio de Consumo, muchos de estos anuncios carecían de número de licencia, o bien presentaban datos erróneos o inconsistentes con los registros oficiales. Además, la plataforma no distinguía adecuadamente si los propietarios eran particulares o empresas, lo que complica el control legal de este tipo de alquileres.
La situación no es menor: España atraviesa una crisis inmobiliaria con alquileres y precios de vivienda disparados, lo que ha generado protestas masivas en ciudades como Madrid y Barcelona. La expansión descontrolada de los alquileres de corta duración es uno de los principales focos de conflicto.
“Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda”, dijo el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, exigiendo acciones concretas.
Por su parte, Airbnb apelará la decisión alegando que el Ministerio no tiene competencia sobre estos temas y que se utilizó una “metodología indiscriminada” para señalar alojamientos que incluso no requieren licencia.
Este conflicto legal ocurre en paralelo con otras acciones más radicales a nivel local. Barcelona, por ejemplo, anunció en 2023 que eliminará los 10.000 alquileres turísticos con licencia para 2028, con el objetivo de proteger el acceso a la vivienda para sus residentes permanentes.
La asociación de consumidores Facua apoyó la medida y pidió sanciones más contundentes, argumentando que estas prácticas “perjudican gravemente a los ciudadanos”.
Mientras tanto, la primera ronda de eliminaciones ya está en marcha, afectando a alojamientos en Madrid, Andalucía y Cataluña, y el gobierno promete avanzar hasta completar el bloqueo de los casi 66.000 anuncios.
📌 Una señal clara: el modelo de turismo y vivienda en España está bajo revisión.
