El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el lunes un nuevo aeropuerto que servirá a la capital, más de tres años después de desechar una terminal aérea privada de US$13,000 millones que empezó a construir el gobierno anterior y a la que calificó como un símbolo de la corrupción
Aunque importante por sí mismo (los aeropuertos internacionales suelen estar asociados con el desarrollo económico de un país, en varios aspectos), en el caso de esta terminal aérea su trascendencia tiene también un notable componente político y incluso espacial. Por varias décadas.
La construcción de un aeropuerto internacional alterno al que existe actualmente en la ciudad de México ha sido, incluso hasta la fecha y al menos desde la administración de Vicente Fox (2000-2006) un proyecto envuelto en la polémica y el descontento social. Por un tiempo se pensó en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, como una posible sede de esa posible terminal aérea.
Por motivos no del todo claros se eligió la zona del Lago de Texcoco como la opción más viable para llevar a cabo el proyecto, aun cuando ello suponía, desde el inicio, grandes dificultades tanto de construcción como de mantenimiento, además de un impacto ambiental significativo en la zona. Después de todo, el Lago de Texcoco es un cuerpo de agua considerado “vaso regulador” de la zona, con un considerable volumen pluvial y de filtraciones de las montañas aledañas.
A ello se sumó el descontento de pobladores de la zona, específicamente del municipio de San Salvador Atenco, muchos de quienes se verían despojados de sus tierras de residencia y cultivo (pues parte de la zona es todavía rural), las cuales, luego de un proceso de expropiación, les serían pagadas en poco menos de un dólar por metro cuadrado (entre 7.20 y 25 pesos mexicanos de la época).
Por todas esas condiciones ambientales y sociales, el proyecto del aeropuerto en Texcoco tenía varios argumentos para considerarse inviable, sin embargo, el entonces presidente Vicente Fox empujó su construcción.
A esa época pertenece una serie de manifestaciones populares que comenzaron entre octubre y noviembre de 2001, luego de que el gobierno federal expropió 5,000 hectáreas de tierras de los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán, para construir el nuevo Aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Habitantes de la zona, organizadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, realizaron varias acciones de diversa índole que culminaron, lamentablemente, en uno de los actos más violentos de represión del Estado en 2006, cuando una fuerza combinada de policías federales, estatales y municipales atacaron con saña desmedida a pobladores de San Salvador Atenco, aquel 4 de mayo, más de 3 mil policías protagonizaron un operativo vergonzoso de más de 10 horas cuyo saldo fue de dos personas fallecidas (una de ellas un adolescente de 14 años), 50 heridas y 26 mujeres abusadas sexualmente por elementos de las “fuerzas del orden”.
El gobierno desembolsó US$1,800 millones para pagar a los tenedores de bonos de Texcoco, lo que se sumó a los costos hundidos en el aeropuerto cancelado, que el presidente calificó de «faraónico».
Para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se eligió el terreno que ocupaba hasta ahora la Base Aérea Militar N.º 1 de Santa Lucía, localizada a su vez en el municipio de Zumpango, en el Estado de México.
Como decíamos, con esta elección se evitaron situaciones que después se convierten en problemas como la expropiación de terrenos a particulares o el impacto ambiental de iniciar una construcción de envergadura en una zona natural protegida, pues los terrenos donde se construyó el aeropuerto ya pertenecían al Estado y, por otro lado, ya funcionaban como terminal aérea (con un tráfico mucho menor, eso es cierto).
Sin embargo, el hecho de ser originalmente una base militar es parte de la polémica que rodea la realización de este proyecto, pues como pocas veces había sucedido antes en la historia reciente del país, la construcción del aeropuerto fue encargada en su totalidad al Ejército mexicano, especialmente a su cuerpo de ingenieros, una decisión que se alinea con otras que ha tomado Andrés Manuel López Obrador al hacer de las Fuerzas Armadas el principal “contratista” del gobierno en proyectos de construcción de infraestructura.
La cesión del proyecto al Ejército se mira con recelo aunque pocas personas atinan a explicar por qué. Se piensa, sin muchos fundamentos claros, que es “peligroso” entregar tanto poder a las Fuerzas Armadas. También se dice que la inauguración fue prematura, pues la terminal no está todavía en condiciones de operar satisfactoriamente. Con la consulta popular de revocación de mandato en puerta, a celebrarse el próximo 10 de abril, la entrega pública del AIFA era de suma importancia para Andrés Manuel López Obrador.
Lo cierto es que este proyecto y su ejecución no están exentos de contradicciones, señalamientos (justificados o no) y usos que van más allá de lo inmediato.
Dudas sobre la operatoria
México está considerando posibles incentivos para alentar a las aerolíneas a trasladar sus operaciones allí desde la actual terminal capitalina, dijo este mes un alto funcionario.
A partir del lunes, las aerolíneas locales Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus volaban desde la nueva terminal a seis ciudades mexicanas, incluyendo Cancún. La estatal venezolana Conviasa hará lo propio desde Caracas.
Delta, Copa y otra línea aérea no identificada realizarán vuelos hacia Estados Unidos desde el Aifa a partir de la segunda mitad de 2022, dijo el lunes Isidoro Pastor, director general de la terminal.
Algunos críticos del Aifa han cuestionado si esa terminal y el Aicm podrán operar correctamente de manera simultánea. El Gobierno insiste en que sí y en que se ha ahorrado dinero ya que el costo total de la obra no excede los US$3,600 millones.
El lunes, cientos de soldados se arremolinaron alrededor del aeropuerto, cuyos nuevos edificios brillaban a la luz del sol, incluso mientras los trabajadores vestidos con chalecos anaranjados y amarillos continuaban trabajando en la zona.
