Durante buena parte del siglo XX, Costa Rica perdió enormes extensiones de sus bosques tropicales. La expansión de la ganadería y la agricultura transformó buena parte del paisaje y llevó al país a uno de los momentos ambientales más críticos de su historia.
Pero décadas después, el panorama comenzó a cambiar. A través de leyes de protección, incentivos económicos y un sistema que recompensa a quienes conservan sus tierras, el país centroamericano consiguió recuperar una parte significativa de su cobertura forestal y se convirtió en un caso destacado de recuperación de bosques tropicales.
De cubrir tres cuartas partes del país a quedar reducido a una quinta parte
En 1940, aproximadamente el 75% del territorio costarricense estaba cubierto por bosques. Durante las décadas siguientes, esa superficie comenzó a disminuir de manera acelerada.
Para 1987, la cobertura forestal había caído hasta alrededor del 21% del territorio. En menos de medio siglo, el país había perdido una enorme proporción de sus selvas.
Una de las principales causas estuvo relacionada con la transformación de tierras para la ganadería y la producción agrícola. La demanda internacional de carne bovina impulsó la expansión de las áreas destinadas al ganado, mientras que cultivos como el banano, el café y el cacao también ocuparon superficies que anteriormente estaban cubiertas por vegetación natural.
El resultado fue un paisaje cada vez más fragmentado y una pérdida significativa de biodiversidad.
Pero Costa Rica tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su política ambiental.
El cambio comenzó con una ley aprobada en 1996
El punto de inflexión llegó con la Ley Forestal N.º 7575, aprobada en 1996. La normativa estableció mayores restricciones sobre la tala de bosques y sentó las bases para desarrollar un sistema que buscaba que conservar un bosque también tuviera un valor económico para quienes poseen la tierra.
Así nació el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
La idea era sencilla: en lugar de depender exclusivamente de prohibiciones y sanciones, el Estado podía pagar a propietarios y poseedores de tierras para que conservaran o recuperaran los bosques.
El mecanismo convirtió la protección ambiental en una actividad que también podía generar ingresos para las comunidades rurales.
El Estado les paga a quienes conservan sus bosques
El funcionamiento del programa se basa en contratos entre los propietarios y FONAFIFO, el organismo encargado de administrar el sistema.
Primero, la parcela es inspeccionada, mapeada y clasificada. Después, dependiendo de las características del terreno y de las acciones que se realizarán, se establece un contrato que puede extenderse durante varios años.
No es lo mismo proteger un bosque existente que desarrollar un proyecto de reforestación. También se consideran factores como la ubicación de la parcela, su importancia dentro de un corredor biológico o su relación con una cuenca utilizada para el abastecimiento de agua.
De esta manera, mantener un bosque en pie dejó de ser visto únicamente como una limitación para el propietario y pasó a convertirse en una actividad que podía recibir una compensación económica.
Cómo se financia el sistema
Una de las claves del modelo costarricense es que el programa no depende exclusivamente del presupuesto general del Estado.
Una parte importante de los recursos proviene de un impuesto aplicado a los combustibles fósiles, pensado como un mecanismo para obtener fondos destinados a la protección ambiental.
Según los datos citados en la información de referencia, este mecanismo genera actualmente alrededor de 26,5 millones de dólares al año.
El dinero permite sostener los pagos destinados a propietarios que se comprometen a conservar, restaurar o reforestar sus terrenos.
Más de un millón de hectáreas beneficiadas
El programa fue ampliándose con el paso de los años. De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades costarricenses, desde su creación el PSA ha intervenido 1.472.544 hectáreas, una superficie equivalente a aproximadamente el 30% del territorio nacional.
El sistema también habría movilizado unos 750 millones de dólares, destinados a alrededor de 21.000 propietarios de parcelas.
Estos números ayudan a explicar por qué el programa se convirtió en una de las principales herramientas de la estrategia forestal del país.
Pero la recuperación de los bosques no puede atribuirse exclusivamente a los pagos ambientales.
El ecoturismo también cambió el valor del bosque
Mientras el Estado desarrollaba políticas de conservación, Costa Rica experimentaba otro proceso: el crecimiento del ecoturismo.
Sus bosques, parques nacionales y biodiversidad comenzaron a adquirir un valor económico diferente. Mantener un paisaje natural podía generar oportunidades vinculadas al turismo y a los servicios asociados a los ecosistemas.
A esto se sumaron otros factores, como el abandono de algunas tierras agrícolas, el éxodo rural y la caída de los precios de la carne, que redujeron parte de la presión que durante décadas había impulsado la expansión ganadera.
La combinación de estas circunstancias y las políticas públicas permitió que la tendencia comenzara a revertirse.
De la crisis forestal a la recuperación
El cambio fue significativo. Después de haber reducido su cobertura forestal hasta aproximadamente una quinta parte del territorio, Costa Rica consiguió recuperar buena parte de sus bosques y actualmente más de la mitad del país vuelve a estar cubierta por superficie forestal.
El caso se convirtió así en un ejemplo de que la deforestación no necesariamente tiene que seguir una trayectoria irreversible.
La experiencia costarricense muestra que proteger los bosques no depende únicamente de declarar áreas protegidas o imponer restricciones. También puede implicar hacer que conservar la naturaleza resulte económicamente viable para quienes viven y trabajan en esos territorios.
En un país que llegó a perder gran parte de sus bosques en apenas unas décadas, esa transformación convirtió a Costa Rica en uno de los casos más destacados de recuperación forestal en el mundo tropical.
