El pasado martes, España aprobó el proyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Dicho proyecto obliga a las empresas de restauración, a facilitar gratuitamente a los consumidores la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido, y a disponer de envases reutilizables para los alimentos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, explicó que se trata de: “Un instrumento legal, pionero para combatir la ineficiencia en la cadena alimentaria que tiene consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas”; y que consiste principalmente en: “Regular el uso preferente de alimentos para consumo humano y su donación a bancos de alimentos. Además de sensibilizar a la sociedad en su conjunto para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos”.
Según cifras del ministerio, durante el 2020, los hogares españoles desperdiciaron alrededor de 1.433 toneladas de alimentos, equivalente a una media de 31 kilos por persona. Planas detalló que el 20% de las pérdidas de alimentos se produjeron en toda la cadena, y el 40% en la venta al por menor o en los domicilios.
No disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios, le costaría a cada empresa, una multa (por sanción grave) de entre 2.000 a 60.000 euros. Asimismo, si una empresa comete posteriores infracciones graves en un plazo de dos años, la multa rondará entre 60.000 y 500.000 euros.
La iniciativa del proyecto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Y según comunicó el ministro, los negocios con menos de 1.300 metros cuadrados quedarán excluidos de la necesidad de contar con este plan.
