El Senado de México aprobó un proyecto de ley para garantizar el acceso a las playas y en el mismo se plantean multas de hasta 47.000 dólares para los hoteles, restaurantes y otros que no cumplan con la medida. Si bien la ley federal ya establece que hay ciertos accesos que no se le pueden negar al público, hay negocios que no los respetan y cierran las entradas hasta el ingreso al agua, prácticamente. Según informó la agencia de noticias The Associated Press, los negocios que no respeten lo establecido en la ley podrán perder sus permisos para desarrollar sus actividades en cualquier parte de la playa.
El proyecto aprobado el pasado 29 de Septiembre de 2020 lo que hace es agregar ciertos puntos a la ya existente Ley General de Bienes Nacionales y fue avalado por unanimidad, contando con 107 votos a favor. “El libre tránsito por las playas es un derecho humano que está en el artículo segundo constitucional, por eso los propietarios, concesionarios o permisionarios no pueden restringir y bloquear a los mexicanos el tránsito, uso, goce y disfrute” dijo el senador Samuel García Sepúlveda, según informó el Canal del Congreso mexicano. Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños sostuvo que las playas deberían ser disfrutadas por toda la población, de forma libre y sin restricciones.
A principio de año, dos turistas mexicanos fueron arrestados en las playas de Playa del Carmen por un breve período de tiempo por no querer abandonar un sector de playa que se encontraba justo donde un restaurante había colocado sus mesas. Luego de que hubiera protestas por esto, el gobierno local pidió disculpas por lo sucedido. Tiempo más tarde, durante la cuarentena obligatoria, el acceso a las playas se volvió a debatir ya que estaban todas cerradas (para evitar la aglomeración de personas) excepto las de los hoteles que tienen acceso exclusivo. Por lo tanto, las personas que se encontraban alojadas en un resort podían acceder a la playa mientras el resto de la población no.
La senadora Alejandra del Carmen León, por su parte, indicó que la práctica de garantizar concesiones de playas a negocios privados en el pasado constituyó un «acto de clasismo y discriminación» en contra de las familias mexicanas.
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