El gobierno argentino legalizó el autocultivo para uso medicinal a través de una nueva reglamentación de la ley de «Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados», también conocida como Ley 27350. La medida fue publicada en el boletín oficial del día jueves 12 de Noviembre de 2020, y plantea que se creará un registro específico para las personas que deban cultivar o adquirir productos de cannabis para fines medicinales.
La nueva regulación establece cuáles son las condiciones para el autocultivo de cannabis medicinal, así como también permitir la venta de aceites, cremas, tinturas, y otros derivados en farmacias que cuenten con la autorización necesaria. «Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica«, dice el comunicado oficial firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Esta nuevo paso para facilitar el acceso al cannabis medicinal representa una gran victoria para varías organizaciones que desde hace años vienen luchando por su implementación.
El documento plantea la creación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que dependerá del Ministerio de Salud y registrará «con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor«. Allí se podrán inscribir los pacientes para obtener la autorización de cultivo y también quien cuente con con la indicación médica.
La medida fue celebrada por varias organizaciones sociales que desde hace años llevan adelante una lucha activa para lograr la regulación del autocultivo. Por otra parte, la normativa también establece que se implementaran medidas para que el Estado pueda proveer de forma gratuita los derivados del cannabis a las personas que solo cuenten con cobertura pública. En relación a las personas que tengan obras sociales o prepagas, las mismas deberán hacerse cargo de la cobertura.
